Doria & Asociados

La Reforma del Gobierno frente al Sistema Penal Acusatorio Colombiano, tendiente a suprimir la audiencia de imputación de cargos.  

Alexander Cabarcas Cassiani 

Abogado. Doria & Asociados Abogados.

Cartagena-Colombia.

 

¿Con la desaparición de la audiencia de imputación de cargos, se soluciona los problemas estructurales del sistema penal acusatorio?

Recientemente, el Gobierno Nacional con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación presentó reforma a ley 906 de 2004, solicitando la exclusión de la audiencia de imputación de cargo; siendo ésta última el acto mediante el cual la Fiscalía General de la Nación, le comunica a los ciudadanos, en audiencia realizada ante un Juez con Funciones de Control de Garantías, que se ha iniciado una acción penal en su contra. El objetivo de este acto, es el de permitir a la persona imputada, que active su sagrado derecho fundamental de defensa con el fin de afrontar el proceso penal que frente a él se adelanta.


Ahora bien, el gobierno propone a través de su reforma, eliminar  la audiencia de imputación de cargos y a su vez plantea que dicho acto de imputación debe hacerse de forma escrita, citándose al indiciado o a su apoderado para que se dirijan a la fiscalía y se enteren de la decisión; en caso de no asistir a la notificación de la decisión dentro de los diez (10) días siguientes, se declarará la contumacia del procesado.


Para los casos en que la persona haya sido aprehendida por orden judicial, o capturada en flagrancia, el acto de la imputación se hará de forma oral.


La reforma presentada por el gobierno, no soluciona los problemas estructurales que padece el actual sistema penal oral acusatorio, tendiente a que las soluciones sugeridas en la reforma, son insuficientes frente a los verdaderos cambios requeridos en el sistema, tales como: el término en la etapa de indagación, dado que nuestra legislación no contempla un tiempo en la cual deba culminar, señalándose que este lapso será el de la prescripción del delito, o sea el tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley si fuere privativa de libertad, pero en ningún caso, será inferior a cinco años ni excederá de veinte.
Como consecuencia de lo anterior, fácilmente una persona puede estar investigada durante veinte (20) años sin que su situación judicial se resuelva, todo esto contrariando los mínimos admisibles reconocidos por la convención interamericana de derechos humanos.

 Alexander Cabarcas Cassiani Doria y Asociados Abogados Cartagena.

Alexander Cabarcas Cassiani 

Abogado. Doria & Asociados Abogados.

Cartagena-Colombia.